El Plan de la Fresa no es solución para los problemas ambientales de Doñana

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WWF lleva años denunciando en Doñana el uso ilegal del agua y del suelo, alertando de la existencia de más de 1.000 pozos ilegales, más de 2.000 hectáreas de fincas agrícolas situadas en suelos catalogados como monte público y la ocupación de cauces de ríos y arroyos. 

La situación es tan grave que está provocando un preocupante descenso de los niveles del acuífero y un importante efecto barrera que está aislando a Doñana de otros espacios protegidos como el Río Tinto y Sierra Morena.

Para tratar de solucionar los problemas que ha generado el crecimiento incontrolado de la agricultura intensiva, tras un largo periodo de espera de siete años desde que se acordó su elaboración, la Junta de Andalucía ha aprobado, en Consejo de Gobierno celebrado el pasado martes 16 de diciembre, el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadío Ubicadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana.

WWF considera que es urgente contar con un plan que ponga orden en la agricultura de Doñana, por una cuestión de responsabilidad internacional y para asegurar el futuro de la agricultura en Doñana y la conservación de los valores naturales. 

Sin embargo, tal y como ha alertado en numerosas ocasiones la organización, el Plan aprobado es insuficiente para afrontar los importantes retos que se plantean, como la ordenación del territorio, ya que simplemente amnistía toda la superficie existente con y sin permisos en febrero de 2004, el agua, al consolidar más de 4000 ha de riegos ilegales o del suelo, al favorecer la descatalogación de más de 2000 ha de montes públicos ocupados.

El Plan nace sin contar con el apoyo ni de organizaciones conservacionistas ni de los agricultores, en parte debido a la nula participación en los inicios de redacción del plan, donde estaba previsto la celebración de talleres y jornadas participativas específicas pero que no se celebraron. 

Además, tal y como alegó WWF en el periodo de información pública, no se crea una mesa de coordinación ni una oficina técnica del Plan donde los propios agricultores y ONG tengan representación y puedan interesarse en la implementación de las medidas, por lo que la transparencia se verá limitada.

Ante la inacción y falta de control por parte de las administraciones en la gestión de los recursos naturales, organismos Internacionales han dado la voz de alerta, como UNESCO, Ramsar e IUCN o la propia Comisión Europea, que recientemente ha abierto un procedimiento de infracción contra España por la situación del acuífero.

Incluso la gravedad de la situación ha hecho que la Fiscalía General del Estado investigue el uso ilegal del agua en la zona.

Los principales mercados europeos también se han hecho eco de los impactos de la agricultura sobre Doñana, con unos consumidores cada vez más sensibles a los temas ambientales, y donde los supermercados y la industria europea van modificando gradualmente sus criterios de compra para asegurar la sostenibilidad de la producción, además de su legalidad.

Según Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, “es necesario contar con un Plan, pero tal y como se ha diseñado no resolverá los problemas ambientales de Doñana sino que consolidará el caos existente, sin un plan de acción claro y definido, y sin unos presupuestos existentes”. 

Y añade: “Desde WWF vigilaremos que las medidas se implementen en el tiempo estimado y que el Plan no se convierta en un simple papel aprobado como trámite para desviar el foco de las denuncias internacionales”.
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